=Son compañías en México; revelan la primera medición del Monitor Judicial de Data Coparmex
Por Juan García Heredia
En México ya está teniendo consecuencias la incertidumbre jurídica generada por la reforma judicial, pues el 28.8 por ciento de las tres mil 721 empresas afiliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ya redujo o pospuso proyectos ante esa situación, según datos revelados el 1 de octubre de 2026 por esta agrupación.
Como se sabe, la reforma judicial en México se concretó y entró en vigor en septiembre de 2024; luego, con esta legislación fue conformado el nuevo Poder Judicial federal, el cual entró en funciones el 1 de septiembre de 2025, tras haberse realizado la elección popular de sus integrantes el 1 de junio de este mismo año.
Así pues, el presidente nacional de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, dijo en un mensaje que “la incertidumbre jurídica que genera la reforma judicial ya está teniendo consecuencias en las empresas”.
Explicó que la primera medición del Monitor Judicial de Data Coparmex, con la participación de tres mil 721 empresas de los 71 Centros Empresariales de Coparmex lo demuestra.
“La primera señal está en la inversión: dos de cada tres empresas encuestadas, reportan un impacto negativo de la reforma judicial en sus decisiones de inversión o expansión”, recalcó el dirigente añadiendo que, además, el 28.8 por ciento ya redujo o pospuso proyectos.
“La segunda señal está en los costos: ocho de cada 10 empresas ya modificó o evalúa modificar su estrategia de protección jurídica ante una mayor incertidumbre sobre la propiedad, los contratos y el acceso al amparo”, expuso.
“Una tercera señal -destaca- es la confianza: 55.9 por ciento de las empresas considera que la certeza jurídica en México ha disminuido, lo que afecta la previsibilidad necesaria para invertir y hacer negocios”.
En otro aspecto, Sierra Álvarez subrayó que México necesita una justicia más accesible, eficiente y libre de corrupción e impunidad, pero también independiente, profesional e imparcial. “Por eso, proponemos una agenda técnica de seguimiento y diálogo con el nuevo Poder Judicial, con indicadores que permitan evaluar sus resultados, su independencia y la eficacia en la protección de los derechos”.
Advirtió que la certeza jurídica es una condición indispensable para invertir, contratar, emprender y generar empleo formal. “Sin certeza jurídica, la inversión se vuelve más cautelosa, los proyectos se retrasan y el crecimiento económico pierde dinamismo”.